4.40 € : Discurso público, esfera pública, bibliotecas públicas.

Nuestra compañera de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza, Mª Engracia Martín (Directora de la Biblioteca de la Facultad de CC. Humanas y de la Educación) ha publicado en el Diario del Alto Aragón un interesante artículo sobre la reciente noticia del cobro por tarjeta de usuario en las Bibliotecas Públicas Municipales de Zaragoza. Este caso particular sirve a la autora para reflexionar sobre los servicios públicos y las amenazas que actualmente se ciernen sobre ellos, destacando los valores intrínsecos de las bibliotecas en estos aspectos fundamentales de nuestra sociedad.

4.40 € : Discurso público, esfera pública, bibliotecas públicas.

Las bibliotecas públicas de Zaragoza, según noticia de prensa aparecida a lo largo del verano, van a cobrar 4.40 € al año a los ciudadanos –¿o deberíamos decir clientes?- por el uso de las mismas (tarjeta de usuario). Si lo pensamos bien, realmente, no es una cantidad de escándalo, teniendo en cuenta que una caña o un café cuestan 1.20 -1.50 €. Una gran mayoría podría asumir su coste sin grandes problemas. Sin embargo, es preciso impugnar la medida para contribuir a difundir un debate serio sobre su contexto y finalidad. Propósito –contar con información para poder opinar y tomar críticamente partido- al que, por otra parte, contribuyen las bibliotecas públicas proporcionando acceso y documentación a todo el mundo, gratuitamente y sin exclusiones.
El problema no son los 4.40 €. Hay más, como todo el mundo sabe. Tendremos que desembolsar parte del costo de los medicamentos o por asistencia sanitaria. Habremos de sufragar la subida de los impuestos indirectos que son socialmente injustos, pues afectan negativamente a los sectores de la población más desfavorecidos…Tendremos, en fin, que apoquinar por el aumento de tasas académicas, o servicios que hasta ahora eran gratuitos para los ciudadanos, porque los financiaba el Estado con los impuestos de todos. En el marco de la última grave crisis del capitalismo (crisis financiera, pero también social, ecológica, ideológica…) y tomando ésta como coartada, se están implantando políticas y medidas que, en última instancia, persiguen destruir el precario estado de bienestar alcanzado en nuestro país en los últimos treinta años.
La clave del asunto no son los 4.40 € que se cobrarán, probablemente, para empezar. El quid de la cuestión es de índole política, social, ideológica: es todo un bastión de ideas relacionadas con la organización colectiva y democrática lo que se está intentando echar abajo; es el fundamento del denominado estado de bienestar lo que de manera explícita se agrede –un modelo de Estado y organización social por el que aquel garantiza servicios sociales básicos a toda la población, contribuyendo a la redistribución de la riqueza o la igualdad de oportunidades- para sustituirlo por otro en el que el Estado deja de desempeñar su papel regulador y redistribuidor permitiendo que la razón económica ocupe todos los ámbitos de la vida individual y social. Se trata de llevar a sus últimas consecuencias el fundamentalismo de mercado y que, sucintamente, en palabras de I.Ramonet, consiste en alcanzar una existencia con más mercado y menos Estado. Se persigue arrasar con la realidad y el proyecto de la esfera pública, en sentido habermasiano -ámbito de inclusión por excelencia, marco solidario de construcción razonada y dialogante de ciudadanía- y sustituirla por espacios de muy distinto signo: escenarios mercantilizados con productos destinados sólo para aquéllos que puedan pagarlos, es decir, para los clientes.
El modus operandi ya se conoce: convenientemente adobado según la razón económica (i.e. los servicios públicos no son rentables -sean universidades, bibliotecas o museos- y la privatización supone que el consumidor recibe más por menos) se estrangulan instituciones y servicios no financiándolos adecuadamente con lo que se les aboca a la búsqueda de otras fuentes de ingresos, y, más o menos directamente, a la mercantilización y la privatización. Así, nos dicen, es preciso cobrar tarifas a los usuarios, como es el caso que ahora nos ocupa. Pero también, no lo olvidemos, tenemos encima la espada de Damocles de una tasa más, el cobro por préstamo de documentos en las bibliotecas públicas… En la misma línea se propone abiertamente recurrir a la exhibición de publicidad en los espacios bibliotecarios como medio de supervivencia. O, directamente, albergar dentro de las mismas algún tipo de venta de productos relacionados con el sector. Existe la posibilidad de colaborar con empresas, aún cuando se produzca un choque entre los objetivos de la institución y la corporación empresarial (conocido es el caso de una famosa marca de calzado deportivo que suspendió la financiación parcial a varias universidades norteamericanas porque los estudiantes habían criticado sus prácticas en materia de trabajo infantil en países pobres. Véase, Christian Laval, La escuela no es una empresa, 2004). Para que estos servicios no fenezcan, se les aconseja, en fin, recurrir a externalizar, a subcontratar en definitiva, determinadas tareas para abaratar costes, etc.… Todo lo cual constituye una clara amenaza a la subsistencia de lo público como ecosistema que mejor garantiza la inclusión, la solidaridad y la calidad e independencia frente a la competitividad desaforada y el darwinismo social de un mercado depredador.
Estas políticas entrañan un evidente horizonte, como se ha visto, de mercantilización y privatización con diferentes niveles de intensidad, cobertura o cronología.

La Organización Mundial de Comercio, que surgió en 1995, se constituyó como un gran mecanismo que, en el cumplimiento de sus fines, amenaza con erradicar los espacios y servicios públicos, pues tiene como objetivo – tal y como, brevemente, señala F. Hunt (The WTO and the Threat to libraries, 2001)- proveer a las multinacionales de mano de obra barata y recursos. En este marco, El Acuerdo General sobre Comercio de Servicios contempla nuevas áreas de expansión, es decir, sectores susceptibles de generar grandes beneficios a las multinacionales, hasta ahora no explotados. Entre estos campos se encuentra un amplio abanico de servicios públicos – educación, sanidad, comunicaciones, servicios sociales, energía o museos y bibliotecas- que hasta ahora se han venido organizando y financiando por los Estados. En la actualidad, no obstante, se están viendo afectados, con diversos grados de magnitud, según países y sectores, por políticas similares para abrirlos a los mercados. Está ocurriendo en todo el mundo como nos recuerda R. Rikowski (Globalization, information and libraries, the implications of the WTO, GATS and TRIPS Agreements, 2005). La aplicación de los acuerdos de la OMC puede entrar en colisión con la legislación nacional, atentando de manera clara contra la soberanía de los países que, sin embargo, no pueden dejar de aplicarlos, salvo que desembolsen cantidades de escándalo en concepto de sanción por romper los acuerdos con la OMC. Naomi Klein, en una conferencia de la American y Canadian Library Association, en 2003 (Librarianship as a radical profession) aporta ejemplos que ilustran la lógica mercantilista, es decir la del beneficio individual sin reparar en costes sociales o ecológicos, etc. Klein analiza las políticas que se aplican bajo los postulados del Acuerdo General de Comercio de Servicios en diferentes países observando que las medidas iniciales coinciden en ahogar financieramente los servicios. Este fundamentalismo invade aquéllos a través, entre otras, de la incorporación de herramientas tecnocráticas, supuestamente neutras, (marketing and managerialism) de carácter eminentemente empresarial (véase J. Ball, La gestión como tecnología moral, 1993) que hemos visto extenderse por los servicios públicos. Son mecanismos a los que, como una avanzadilla en el proceso mercantilizador, se han adherido las bibliotecas en clara confrontación con los fundamentos democráticos que las sostienen y por las que, conscientemente o no, están contribuyendo, entre otras cosas, a reformular el status del usuario que deviene en mero cliente. Con estas prácticas, y otras similares tendentes a utilizar los foros públicos y políticos de debate para entretenimiento y comercio, se corre el riesgo de borrar las fronteras entre espacios, como alertan C. Alstad y A. Curry (Public Space, Public Discourse and Public Libraries, 2003) porque si la divisoria entre ámbitos públicos y privados es cada vez más borrosa el ciudadano se verá progresivamente más incapacitado para valorar la importancia real, ética, social de los primeros. Y, como nos recuerda la periodista canadiense, sería conveniente que nuestros usuarios, los ciudadanos, se erijan como auténticos valedores de unos servicios que, ineludiblemente, como estas políticas demuestran, habrá que defender, puesto que los gobiernos parece que no van a arriesgarse a ello. Porque, como nos interpela la autora de La doctrina del shock, si las privatizaciones están afectando a muchos ámbitos –como la sanidad o educación, pensemos en la estrategia de Bolonia en relación con la enseñanza universitaria, por ejemplo- ¿por qué las bibliotecas, cuando ya han calculado que constituyen un sector susceptible de generar grandes beneficios, iban a quedar inmunes?
Si, finalmente, acaba por imponerse el cobro por tarjeta de usuario, los bibliotecarios públicos junto con la ciudadanía responsable que defiende lo público, servicios públicos de facto y de ideología, deberíamos negarnos a cumplir esta norma insolidaria. Oponerse a los 4.40 € es no aceptar las reglas del juego. Significa romper la lógica omnipresente del mercado y no confundir precio con valor. Criticar la disposición es apostar por la supervivencia de universos de producción cultural autónomos y alternativos a cualquier fundamentalismo (P. Bourdieu, Contrafuegos, 2003) una finalidad intrínseca a los supuestos sociales y éticos que sustentan las bibliotecas públicas y que han tendido a buscar a lo largo de su historia.
M. Engracia Martín.
Bibliotecaria de la Universidad de Zaragoza.

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