Nueva Ley de Propiedad intelectual (Ley 2/2019, de 1 de marzo)

Acaba de aprobarse la nueva Ley de propiedad Intelectual (Ley 2/2019, de 1 de marzo) por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017.

Puede consultarse el texto completo en esta página del BOE.

La Biblioteca de la Universidad de Zaragoza mantiene un portal de información y consulta directa sobre temas de propiedad intelectual que se encuentra en este enlace.

Novedades respecto a la legislación anterior

(Fuente:  IBERLEY.ES)

Según el preámbulo de la Ley, podemos extraer las siguientes modificaciones en la Ley de Propiedad Intelectual, vigentes desde el 3 de marzo de 2019.

El título IV del libro tercero, sobre «gestión colectiva de los derechos reconocidos en la ley», pasa a estar dividido en siete capítulos.

  • El capítulo I regula los requisitos exigidos para gestionar colectivamente derechos de propiedad intelectual. Se produce la inclusión de normas específicas aplicables a aquellas entidades de gestión de otros Estados que operen en España; a las entidades dependientes de una entidad de gestión; y a los operadores de gestión independientes.
  • El capítulo II regula la situación jurídica del titular de derechos de propiedad intelectual en su relación con la entidad de gestión y, fundamentalmente, el instrumento jurídico que la articula: el contrato de gestión. Mediante este contrato, el titular de derechos, sin ceder la propiedad de los mismos, encomienda su gestión a una entidad de gestión. Como novedad, se incluye en el texto refundido el derecho del titular a revocar su contrato total o parcialmente siempre que realice un preaviso razonable no superior a seis meses que se regulará en los estatutos de cada entidad de gestión.
  • El capítulo III se centra en la regulación de ciertos aspectos orgánicos y de funcionamiento interno de las entidades de gestión. En este capítulo destaca la introducción de un órgano que tendrá como función controlar internamente la gestión llevada a cabo por los órganos de gobierno y representación de la entidad. Este órgano de control interno estará compuesto por miembros de la entidad y, en ciertos supuestos previstos legalmente, por personas independientes ajenas a la misma. Para garantizar su independencia funcional, ninguna de las personas que lo compongan podrá guardar relación alguna con las personas integrantes de los órganos de gobierno y representación de la entidad.
  • El capítulo IV regula las autorizaciones no exclusivas para el uso del repertorio de las entidades de gestión (conocidas en la práctica comercial como licencias) y sus tarifas generales. Las novedades introducidas por la presente ley en este capítulo son escasas, sin perjuicio de las licencias multiterritoriales que se regulan por primera vez en el ordenamiento jurídico español. Estas licencias facilitarán a los proveedores de servicios de música en línea la obtención del permiso necesario, mediante una única autorización trasfronteriza, para utilizar los derechos sobre obras o repertorios musicales en el territorio de varios Estados miembros e, incluso, de toda la Unión Europea.
  • El capítulo V regula la gestión de los derechos recaudados que abarca la recaudación, reparto y pago de los importes generados por la concesión de licencias a los usuarios de derechos de propiedad intelectual. En el régimen jurídico general la principal novedad es la inclusión de un plazo máximo de nueve meses para repartir y pagar a los titulares los derechos recaudados en el año anterior y la obligación de que las entidades de gestión lleven una contabilidad analítica que les permita adecuar el importe de sus descuentos de gestión a los costes reales en los que haya incurrido.
  • El capítulo VI agrupa las distintas obligaciones de información, transparencia y contabilidad a las que están sujetas las entidades de gestión. Casi todas las obligaciones previstas en la directiva en esta materia ya están incluidas en el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. La principal novedad es la obligación de elaborar un informe anual de transparencia, elaborado en paralelo a las cuentas anuales, y que proveerá, con un elevado nivel de detalle, información financiera y sobre gestión económica.
  • El capítulo VII recoge el régimen sancionador regulado hasta ahora en el título VI del libro tercero. Las únicas modificaciones que se introducen tienen como objeto aclarar el reparto competencial cuando la potestad sancionadora corresponde al Ministerio de Cultura y Deporte, la especificación de los plazos máximos para resolver los procedimientos administrativos sancionadores por la comisión de infracciones muy graves y graves y el mecanismo de intercambio de información entre autoridades europeas respecto de las infracciones cometidas por entidades de gestión que tengan establecimiento en otro Estado miembro de la Unión Europea pero presten servicios en España.
  • Asimismo, se introduce un nuevo tipo infractor muy grave que sanciona la prestación de servicios de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual sin haber obtenido la autorización del Ministerio de Cultura y Deporte cuando esta sea necesaria; así como varios tipos infractores graves por el incumplimiento de las nuevas obligaciones que introduce esta ley respecto de las entidades de gestión y los operadores de gestión independientes.

Se modifica el contenido del título V que regula la Comisión de Propiedad Intelectual sobre la base de los artículos del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual que regulaban este órgano.

Las modificaciones introducidas alteran la numeración del título sobre protección de las medidas tecnológicas y de la información para la gestión de derechos, que ahora será el título VI del libro tercero, y de los artículos que conforman el libro cuarto. También, se han actualizado a la nueva numeración de los artículos que conforman el título IV del libro tercero las distintas referencias que se hacen a los mismos a lo largo de todo el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

La presente ley también modifica el plazo previsto en el artículo 20.4 en materia de reclamación de derechos por retransmisión por cable para igualarlo con el plazo de cinco años previsto en el artículo 177 para la reclamación de derechos de propiedad intelectual en general; e introduce el plazo para ejercer la acción de reembolso de la compensación equitativa por copia privada regulada en el artículo 25.8.

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Postura de FESABID ante la reciente modificación de la Ley de Propiedad Intelectual

La Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía y Museística (FESABID) celebra que la reciente modificación de la Ley de Propiedad Intelectual avance en los servicios a personas con discapacidad y permita un mayor control de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual.

Con motivo de la publicación en el BOE (2/3/2019) de la Ley 2/2019 de 1 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la actual Ley de Propiedad Intelectual, FESABID realiza balance de las nuevas disposiciones, que modifican el TRLPI de 1996, principalmente a través de la incorporación de dos Directivas comunitarias.

Se celebra, en primer lugar, la incorporación del Tratado de Marrakech a la legislación española en materia de propiedad intelectual. Este tratado persigue facilitar el acceso a las obras publicadas de personas con discapacidad visual y de otro tipo. En la práctica, las bibliotecas, archivos y museos podrán convertir obras a formatos accesibles para permitir el acceso a obras publicadas a estos colectivos. Si bien la legislación española ya contemplaba estas medidas, la novedad reside en abarcar el intercambio de estas obras con otros países que hayan ratificado el Tratado de Marrakech, y dentro de la UE.

Se considera un elemento indispensable el mayor control que la ley impone sobre las entidades de gestión de derechos, así como la creación de la figura del operador de gestión independiente, máxime teniendo en cuenta la alarma social existente por determinadas prácticas opacas en materia de recaudación y distribución económica. El colectivo bibliotecario se posiciona a favor de los derechos de los creadores, pero se muestra crítico por la falta de transparencia de algunas entidades de gestión de derechos en el reparto económico a los autores, legítimos destinatarios de esa retribución.

En relación a la controvertida gestión de la recaudación que deben llevar a cabo las administraciones públicas por los préstamos de obras que se realizan en bibliotecas de titularidad pública, FESABID observa positivamente pero con escepticismo la incorporación de las diputaciones provinciales en sustitución de los municipios, responsables hasta la fecha y recomienda que, como en la mayoría de países, esa gestión se lleve a cabo por los gobiernos autonómicos o por el Ministerio de Cultura y Deporte. En España, solo en Cataluña se ha llegado a un acuerdo para llevar a cabo esa gestión desde 2015. En el resto de comunidades autónomas, la gestión municipal de esa gestión resulta complicada y a la práctica, ineficaz.

Finalmente, FESABID defiende la necesidad de mayor predisposición al diálogo por parte Administración competente en esta materia, más allá del trámite parlamentario. En palabras de la presidenta de FESABID, Alicia Sellés, “Si el colectivo profesional que más próximo se encuentra a la ciudadanía, en bibliotecas, archivos y museos, hubiese participado, la nueva ley habría nacido más fuerte y más sensible a las necesidades reales de la población” y “seguiremos trabajando para que las bibliotecas ejerzan su función de proporcionar el acceso significativo a la información”.

La nueva LPI: La postura de CEDRO

Tras casi un año de trabajo, el Congreso de los Diputados aprobó, este 21 de febrero, una nueva reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que viene a reforzar la protección de los derechos de propiedad intelectual de autores y editores, especialmente, en el ámbito de las bibliotecas y del sector de la prensa. Esta modificación también facilita instrumentos para incrementar la transparencia de las entidades de gestión.

Derechos de autor en las bibliotecas

La reforma aprobada modifica el artículo 37.3, que regula el pago de los derechos a los escritores y traductores, nacionales y extranjeros, por el préstamo de sus libros en bibliotecas. El objetivo de este cambio es evitar la fragmentación del pago de esta remuneración para los autores, en el caso de los préstamos que se llevan a cabo en bibliotecas de titularidad municipal. Esta fragmentación ha dado lugar a un incumplimiento de este derecho por parte de la mayoría de las instituciones afectadas. Ahora, la nueva norma traslada la responsabilidad de los ayuntamientos a las diputaciones provinciales o a las administraciones que cumplan sus funciones.

El director general de CEDRO, Jorge Corrales, espera que esta modificación simplifique el sistema y que este derecho de autor pueda ser efectivo. Por ello, confía en que, al avanzar en la centralización del pago, «los escritores y traductores puedan, por fin, ser remunerados de manera justa, tal y como establece la normativa europea desde el año 1992, y como sucede en los países más avanzados y democráticos».

Así mismo, Corrales subraya que «CEDRO siempre está dispuesto a colaborar con las instituciones para potenciar el desarrollo del sistema bibliotecario».

Sostenibilidad para una prensa de calidad

La nueva ley también actualiza el artículo 32.1 y confirma que el uso no comercial de artículos de prensa dentro de las empresas e instituciones requiere de la autorización de los titulares de derechos o, en su caso, de CEDRO, como asociación mandatada para la gestión de estos derechos. Este permiso es independiente de la que solicitan a CEDRO las empresas de seguimiento de medios en el desarrollo de su actividad.

El director general de CEDRO manifiesta su satisfacción por esta actualización de la normativa y afirma que es «un paso muy importante para hacer sostenible el periodismo de calidad y equipara la situación de España a la de la mayoría de los países europeos respecto al uso legal de la prensa dentro de las organizaciones».

Lucha contra la piratería

Este texto, además, agiliza tanto la tramitación del procedimiento que se sigue ante la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual contra la lucha de las infracciones de derechos de autor en el entorno digital, como la ejecución de algunas de las medidas derivadas del mismo. En este sentido, Corrales explica que estos cambios «eran avances necesarios para adecuar la normativa a la situación tecnológica actual para que así los autores y editores tengan una mayor protección de sus derechos en internet».

Pago a cuenta

Respecto a las tarifas de las entidades de gestión, la nueva ley establece que cualquier usuario que cuestione este pago deberá sufragar a cuenta el 100 % de la última tarifa acordada o, en el caso de que no haya acuerdo, el 50 % de la tarifa general. Esto permite que las negociaciones entre usuarios y titulares de derechos se lleven a cabo en una situación de mayor equilibrio.

Transparencia en la gestión

Finalmente, el nuevo texto ofrece a las entidades de gestión nuevos instrumentos que facilitan la transparencia y eficiencia en su actividad.

El director general de CEDRO reconoce «el esfuerzo llevado a cabo por la Comisión de Cultura del Congreso para sacar adelante esta reforma que supone contar con una normativa más eficiente y europea».

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