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Nueva Ley de Propiedad Intelectual : Nubes y nubarrones a la vista

La nueva Ley de Propiedad Intelectual en el horizonte universitario

El pasado 14 de febrero, el Gobierno español aprobaba el borrador de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), centrada, según expresa el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en “la lucha contra la piratería”. Incluye la polémica “Tasa Google”, similar a la ya instaurada en Francia y Alemania, por la que los editores pueden cobrar por sus contenidos a los “agregadores de contenidos” (Google News o Yahoo News, por ejemplo), pero también a todas aquellas páginas “facilitadoras” de enlaces, páginas web que enlazan a contenido de terceros sin compensación y con ánimo de lucro.

Foto: Javier de la Cueva - Imagen de César Poyatos/Flickr

En una interesante entrevista de Gizmodo en Español a Javier de la Cueva, abogado especializado en temas de internet, se advierte de que el problema realmente grave es otro, que nos afecta especialmente a las Universidades: el canon de 5 euros por alumno que la LPI quiere imponer a las Universidades. “Eso lo vamos a pagar todos los ciudadanos, y no la tasa Google. Es un disparate”.

De la Cueva afirma que la nueva LPI “va a dejar que una asociación privada,  CEDRO, se apropie de la investigación científica en las Universidades. La historia de la  tasa Google  es algo entre una asociación de editoriales (AEDE) y una empresa privada, Google. Pero el canon sobre las Universidades es algo que afecta directamente al núcleo de esta sociedad, que es la ciencia y la tecnología”

Además Javier de la Cueva afirma que puede ser un durísimo golpe a todo el movimiento del libre acceso al conocimiento producido en las universidades : “El problema es que se está produciendo una apropiación privada del conocimiento, y del llamado ” Open Access“. “No existe un sólo país en Europa donde una asociación privada como CEDRO se esté apropiando de la investigación”.

De una forma similar se manifestaba recientemente en el documento que presentó FESABID (en el que han participado también miembros de REBIUN) el martes pasado, 4 de marzo, en la reunión del Pleno del Consejo de Cooperación Bilbiotecaria,  sobre los aspectos que más afectan a las bilbiotecas en el nuevo proyecto de reforma de la LPI. En sus conclusiones, se destaca lo siguiente:

Es el punto 3 (de la nueva LPI) el que constituye una novedad del proyecto con cierta transcendencia ya que incorpora un canon universitario obligatorio
Obligatorio
• para los autores, al convertirse en un derecho de gestión colectiva irrenunciable

• para las Universidades que se verían forzadas a firmar una licencia digital institucional con CEDRO (hasta ahora voluntaria y negociada) si quieren incorporar parcialmente en sus aulas virtuales materiales protegidos por derechos de autor de los que la Universidad no sea titular.

Al convertir en irrenunciable el derecho de los autores y someterlo a obligada gestión colectiva, se priva a los autores de la libertad de decidir sobre el uso de sus contenidos. De este modo el proyecto de ley cierra la puerta al open access, al copyleft y a las licencias CC, ya que de forma legal se obliga al ‘todos los derechos reservados’ y a una licencia con CEDRO

LIBER también ha elaborado un documento que  es la respuesta dada a una consulta europea sobre la legislación de derecho de autor. Recoge las opiniones de bibliotecas europeas de investigación. REBIUN envío su respuesta como organización, que fue, además, secundada por las bibliotecas individualmente. Se trata de presionar a los legisladores europeos en los temas que afectan a la aplicación de la normativa sobre derechos de autor en las bibliotecas.

En cuanto al tema de la llamada “tasa Google”, ya se han movilizado una serie de entidades que se oponen a este canon digital, formando la llamada “Coalición Prointernet”. En concreto, muestran su negativa a la implantación de un nuevo canon digital exclusivo en favor de determinados editores de prensa, restringiendo el derecho de la copia privada, por considerarlos que va contra los fundamentos de Internet y del desarrollo del mundo digital.
Entre las entidades fundadoras de Coalición Prointernet se encuentran la Asociación de editores de prensa AEEPP, la Asociación Española de Economía Digital (ADigital), la Asociación de Internautas, Google, Menéame, Weblogs, Hipertextual, Adslzone, los medios 20minutos.es y eldiario.es, así como profesionales de la comunicación del sector digital a título individual.

El Proyecto de Ley está pendiente de aprobación en breve en el Congreso de los Diputados. Dejamos ahora vuestro turno para la reflexión.

El pasado 14 de febrero, el Gobierno español aprobaba el borrador de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), centrada, según expresa el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en “la lucha contra la piratería”. Incluye la polémica “Tasa Google”, similar a la ya instaurada en Francia y Alemania, por la que los editores pueden cobrar por sus contenidos a los “agregadores de contenidos” (Google news o Yahoo News, por ejemplo), pero también a todas aquellas páginas “facilitadoras” de enlaces, páginas web que enlazan a contenido de terceros sin compensación y con ánimo de lucro.

En una interesante entrevista de Gizmodo en Español a Javier de la Cueva, abogado especializado en temas de internet, advierte de que el problema realmente grave es otro, que nos afecta especialmente a las Universidades: el canon de 5 euros por alumno que la LPI quiere imponer a las Universidades. “Eso lo vamos a pagar todos los ciudadanos, y no la tasa Google. Es un disparate“. De la Cueva afirma que la nueva LPI “ va a dejar que una asociación privada, CEDRO, se apropie de la investigación científica en las Universidades. La historia de la tasa Google es algo entre una asociación de editoriales (AEDE) y una empresa privada, Google. Pero el canon sobre las Universidades es algo que afecta directamente al núcleo de esta sociedad, que es la ciencia y la tecnología”.

Además Javier de la Cueva afirma que puede ser un durísimo golpe a todo el movimiento ded libre acceso al conocimiento producido en las universidades : “El problema es que se está produciendo una apropiación privada del conocimiento, y del llamadoOpen Access” “No existe un solo país en Europa donde una asociación privada como CEDRO se esté apropiando de la investigación”.

En cuanto al tema de la llamada “tasa Google”, ya se han movilizado una serie de entidades que se oponen a este canon digital, formando la llamada “Coalición Prointernet”. En concreto, muestran su negativa a la implantación de un nuevo canon digital exclusivo en favor de determinados editores de prensa, restringiendo el derecho de la copia privada, por considerarlos que va contra los fundamentos de Internet y del desarrollo del mundo digital.

Entre las entidades fundadoras de Coalición Prointernet se encuentran la Asociación de editores de prensa AEEPP, la Asociación Española de Economía Digital (ADigital), la Asociación de Internautas, Google, Menéame, Weblogs, Hipertextual, Adslzone, los medios 20minutos.es y eldiario.es, así como profesionales de la comunicación del sector digital a título individual.

Dejamos ahora vuestro turno para la reflexión.

Conlicencia.com, un portal de gestión de las licencias de pago por uso

Hoy 10 de septiembre el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), presenta en la Biblioteca Nacional de España, la nueva versión de conlicencia.com, plataforma digital, donde los usuarios de las obras del repertorio de CEDRO (empresas, instituciones educativas y organizaciones) podrán adquirir y gestionar en línea las licencias de pago por uso que necesitan para reutilizar de forma puntual los contenidos de libros, revistas y otras publicaciones de texto que requieren en su actividad docente y de gestión del conocimiento y la información.

Conlicencia.com es una herramienta pionera, única en Europa, que permite a los autores y editores, facilitar legalmente los usos secundarios de los contenidos de sus obras (entre otros, fotocopia, digitalización o puesta a disposición en redes) de una forma fácil y cómoda en Internet.

CEDRO tiene como misión representar y defender los intereses de autores y editores de libros y publicaciones periódicas, facilitando y promoviendo el uso legal de sus obras. En la actualidad tiene 21.776 socios: 19.894 autores y 1.882 editoriales. También representa en España a los socios de 36 entidades similares de otros países.